Aquí les dejo unartículo que escribí hace algún tiempo para la Revista Realidad, en donde doy aconocer mi visión sobre el Estado y la Adminstración Pública.
En los últimos años hemos sido testigos de cómo el mundo se ha visto inmerso en un proceso cada vez más profundo de globalización, lo que ha transformado radicalmente la forma en que las sociedades se relacionaban e interactuaban entre sí, y además ha influido en campos tan distintos como la política, la economía y en la masificación de otros modos de comportamiento. Este proceso ha ido aparejado de una verdadera revolución de las comunicaciones, especialmente a partir del desarrollo que han experimentado las tecnologías de información, particularmente la de Internet.
En segundo lugar, producto del termino de la guerra fría y de la caída de los socialismos reales, hemos sido testigos de la adopción de reformas económicas de libre mercado a nivel global así como de la expansión y valorización de la democracia como eje articulador de la mayor parte de los sistemas políticos y económicos mundiales.
Esta nueva realidad ha impulsado, por una parte, a revisar el papel que deben jugar los Estados dentro del nuevo escenario mundial, así como la forma en que estos se vinculan con los ciudadanos y sus capacidades de interpretar las cada vez más complejas y múltiples necesidades sociales. Así, durante la última década, se han generado múltiples propuestas e iniciativas tendientes a generar cambios dentro de la estructura y el funcionamiento del Estado, constituyéndose la reforma administrativa en un tema que aún genera debates y expectativas respecto al papel y al rol que le corresponde jugar al Estado dentro de una sociedad moderna y democrática.En nuestro país, la estructura y el funcionamiento del Estado comenzó a sufrir transformaciones radicales a partir de 1973.
Anteriormente, y durante gran parte del siglo XX, el Estado se concibió a partir de un modelo de corte intervencionista, en el que jugaba un rol principal en el desarrollo económico asumiendo tareas de índole empresarial, expresadas en la creación de empresas estatales y asumiendo un rol central en ámbitos como la salud, la educación y el bienestar social.Con el advenimiento del Gobierno Militar, Chile experimentó una serie de profundas transformaciones en la estructura económica, social y política. Entre éstas, debemos destacar la implementación de un sistema económico basado en el libre mercado, lo que permitió establecer una política de fomento y diversificación de las exportaciones, reducción drástica de las barreras arancelarias excesivamente proteccionistas e ineficientes, fomento de la inversión extranjera e implementación de una política de apoyo al sector privado.
Además, se creó un sistema privado de salud y de pensiones, inédito a nivel mundial, lo que diversificó las opciones de elección y permitió un nuevo dinamismo y crecimiento en estas áreas.
Específicamente dentro del ámbito del Estado, se procedió a una reducción de su volumen y a una rigurosa política de control del gasto público, así como a un sostenido plan de privatizaciones de empresas públicas, lo que permitió liberalizar entre otros al sector eléctrico y al de las telecomunicaciones, abriéndolos a la competencia y haciendo más eficiente su gestión.
Con el advenimiento de los gobiernos de la Concertación, se adoptó un paquete de reformas que han tenido como objetivos principales, establecer un servicio público menos lento y burocrático, para lo cual, entre otras medidas, se han adaptado ciertos modelos administrativos propios del sistema empresarial; además, se ha tratado de flexibilizar y hacer más rápidos los procedimientos y las funciones que se realizan dentro del sector público, adoptándose una filosofía a través de la cual se ha pretendido entregar un servicio de mayor calidad a los usuarios.
Asimismo, en los últimos diez años, se han “importado” distintos enfoques así como experiencias de modernización del Estado de países como Nueva Zelanda, que han tenido como objetivos principales modernizar el funcionamiento interno de la administración pública.En este mismo sentido, durante el Gobierno de Ricardo Lagos se propuso un ambicioso plan de modernización el aparato estatal que se propone mejorar la gestión de los servicios públicos, así como darles una mayor flexibilidad, estableciendo la tecnología -específicamente Internet- como la herramienta a través de la cual se pretende avanzar en una mayor agilidad de los trámites administrativos, entregando un servicio de mayor calidad, mejorando así en términos de probidad y transparencia dentro del sector público.
A pesar de estos esfuerzos, es indudable que la ciudadanía ha seguido observando al Estado como un ente que no se ha adaptado con suficiente celeridad a las profundas transformaciones que ha experimentado nuestra sociedad: a pesar de los cambios implementados no existiría una real capacidad para interpretar las necesidades de las personas y entregar un servicio de real calidad.
Muchos aún consideran al Estado como un ente burocrático e ineficiente, más aún al contrastarlo con el dinamismo con que se ha desarrollado el sector privado en las últimas décadas. Todos estos factores han provocado que exista una cada vez mayor desconfianza de parte de los ciudadanos hacia las instituciones que conforman el Estado.Recogiendo todo lo anterior, debemos en primer lugar cuestionarnos si efectivamente estamos en la presencia de un Estado que se ha modernizado, o, por el contrario, sigue realizando tareas que no le corresponden, en forma centralizada, lenta y burocrática y en las que no existe una real disposición de entregar mayores espacios de decisión a los ciudadanos.
Debemos también reflexionar sobre el tamaño y estructura de nuestras instituciones públicas, así como sobre si las funciones que aquéllas realizan son en primer lugar necesariamente sinónimo de una mejor gestión y si estas reformas realmente se hallan apuntadas a interpretar las actuales necesidades de los ciudadanos que demandan, por una parte, una mayor cercanía y eficiencia de parte del Estado en la resolución de sus demandas, a través de un servicio de excelencia, y, por otro lado, una mayor participación en la definición y resolución de los asuntos públicos.
Esto nos lleva a preguntarnos si más que implementar reformas administrativas que aspiren a mejorar las estructuras administrativas relacionadas con el gobierno y las organizaciones públicas, proceso que muchas veces demanda la inversión de una gran cantidad de recursos administrativos, financieros y humanos y que en muchas oportunidades no provoca resultados efectivos en un largo plazo.
Debamos plantear si ya no es hora de propender a una real reforma del Estado que recoja las profundas transformaciones que ha experimentado nuestro país, de forma tal que la democracia y la practica de los valores democráticos se afinquen en la comunidad, potenciando al máximo la participación ciudadana, y su inclusión en los asuntos públicos.
Si efectivamente deseamos alcanzar el ideal de vivir al interior de una sociedad desarrollada económicamente -sin el flagelo de la pobreza- y efectivamente participativa, es fundamental que el Estado reformule profundamente sus objetivos y funciones. Para ello es indispensable que se tenga en cuenta los siguientes principios:
En primer lugar se debe dar una real importancia y un efectivo impulso al tema de la descentralización del Estado y de su administración pública, propendiendo a un acercamiento de su acción y de sus decisiones a las regiones. En este sentido, es imprescindible otorgar una mayor importancia al papel de los Gobiernos Locales, tanto en la administración de sus recursos administrativos, humanos y financieros, así como en la participación que les cabe en la implementación de políticas públicas que vayan en su directo beneficio.
En este mismo sentido, se debe reforzar el papel de las Municipalidades, avanzando en una normativa que permita convertirlas en las verdaderas articuladoras de las necesidades locales, otorgándoles espacios que les permitan promover la participación ciudadana en la gestión de aquellos proyectos que vayan en directo progreso de la propia comunidad organizada.
En segundo lugar, se debe entregar un mayor protagonismo al ciudadano en la construcción e implementación de soluciones que vayan en directo beneficio de sus necesidades. Para eso, se debe reforzar y ampliar el uso de la tecnología, no sólo como un instrumento que permita generar mayor rapidez en los procedimientos que se realizan en el ámbito estatal, sino que debe convertirse en una palanca efectiva de servicio a la comunidad.
En un mundo cada vez mas globalizado y competitivo, se hace imprescindible incentivar a los ciudadanos para que sean partícipes y no espectadores, para que sean capaces de generar por ellos mismos soluciones acordes a su propia realidad, y para que sean fiscalizadores de las políticas públicas. Conjuntamente, se debe continuar dando cada vez una mayor importancia a los Cuerpos Intermedios que componen la sociedad, convirtiéndolos en verdaderos protagonistas y receptores de las demandas de la ciudadanía.
Un tercer principio es la necesidad de tender a un aparato estatal y a una administración pública en los que se valoren los resultados y no los procesos, en los que exista de parte de sus funcionarios una alta voluntad y motivación de servicio. Para lograrlo, es decisivo generar incentivos, y avanzar en una real profesionalización en el ingreso y los ascensos dentro de la estructura de la administración del Estado, evitando discriminaciones de índole política. Como el Estado ha sido efectivamente un instrumento para pagar favores partidistas, se debe llegar a una verdadera “meritocracia”, en la que se premie a los mejores y se sancione a quienes no alcancen los resultados esperados.
En cuarto lugar, está la valoración que el Estado debe dar a la capacidad emprendedora y creativa del sector privado, tanto como fuente creadora de riqueza, así como eje del desarrollo económico y social del país.
De ahí que se hace imprescindible que el gobierno reinicie el proceso de privatizaciones del resto de las empresas estatales, proceso que se halla hoy estancado debido en gran parte a la desconfianza que aún subsiste respecto de los empresarios a nivel gubernamental y a la mantención de una absurda confianza en el rol empresarial que aún muchos asignan al Estado. Eso lleva a descartar la consideración de las altas utilidades que podrían reportarle al Estado las ventas de empresas públicas como CODELCO, las que podrían ser invertidas en programas sociales destinados al combate de la pobreza o a la creación de fuentes de empleo.
Recogiendo estas propuestas debemos finalmente preguntarnos si en las esferas de gobierno se tiene conciencia de la necesidad de contar con un Estado y una administración pública que responda a estos principios o si aún en muchos de sus personeros subsiste un rechazo al actual esquema político y económico y una mentalidad estatista que todavía sueña con un Estado intervencionista y sobredimensionado, que actúe como la única instancia de resolución de los problemas y necesidades de la gente.
Sólo con la convicción de un aparato público reducido, eficiente, flexible, abierto a los cambios y enmarcado en la búsqueda de resultados, se podrá lograr una sociedad realmente libre, en la que el Estado adopte un rol subsidiario que permita la existencia de un sector privado fuerte y de ciudadanos participativos y conscientes de sus derechos y responsabilidades dentro una sociedad moderna.
GONZALO LUNA NEGRETE.
Administrador Público de la Universidad de Chile
En los últimos años hemos sido testigos de cómo el mundo se ha visto inmerso en un proceso cada vez más profundo de globalización, lo que ha transformado radicalmente la forma en que las sociedades se relacionaban e interactuaban entre sí, y además ha influido en campos tan distintos como la política, la economía y en la masificación de otros modos de comportamiento. Este proceso ha ido aparejado de una verdadera revolución de las comunicaciones, especialmente a partir del desarrollo que han experimentado las tecnologías de información, particularmente la de Internet.
En segundo lugar, producto del termino de la guerra fría y de la caída de los socialismos reales, hemos sido testigos de la adopción de reformas económicas de libre mercado a nivel global así como de la expansión y valorización de la democracia como eje articulador de la mayor parte de los sistemas políticos y económicos mundiales.
Esta nueva realidad ha impulsado, por una parte, a revisar el papel que deben jugar los Estados dentro del nuevo escenario mundial, así como la forma en que estos se vinculan con los ciudadanos y sus capacidades de interpretar las cada vez más complejas y múltiples necesidades sociales. Así, durante la última década, se han generado múltiples propuestas e iniciativas tendientes a generar cambios dentro de la estructura y el funcionamiento del Estado, constituyéndose la reforma administrativa en un tema que aún genera debates y expectativas respecto al papel y al rol que le corresponde jugar al Estado dentro de una sociedad moderna y democrática.En nuestro país, la estructura y el funcionamiento del Estado comenzó a sufrir transformaciones radicales a partir de 1973.
Anteriormente, y durante gran parte del siglo XX, el Estado se concibió a partir de un modelo de corte intervencionista, en el que jugaba un rol principal en el desarrollo económico asumiendo tareas de índole empresarial, expresadas en la creación de empresas estatales y asumiendo un rol central en ámbitos como la salud, la educación y el bienestar social.Con el advenimiento del Gobierno Militar, Chile experimentó una serie de profundas transformaciones en la estructura económica, social y política. Entre éstas, debemos destacar la implementación de un sistema económico basado en el libre mercado, lo que permitió establecer una política de fomento y diversificación de las exportaciones, reducción drástica de las barreras arancelarias excesivamente proteccionistas e ineficientes, fomento de la inversión extranjera e implementación de una política de apoyo al sector privado.
Además, se creó un sistema privado de salud y de pensiones, inédito a nivel mundial, lo que diversificó las opciones de elección y permitió un nuevo dinamismo y crecimiento en estas áreas.
Específicamente dentro del ámbito del Estado, se procedió a una reducción de su volumen y a una rigurosa política de control del gasto público, así como a un sostenido plan de privatizaciones de empresas públicas, lo que permitió liberalizar entre otros al sector eléctrico y al de las telecomunicaciones, abriéndolos a la competencia y haciendo más eficiente su gestión.
Con el advenimiento de los gobiernos de la Concertación, se adoptó un paquete de reformas que han tenido como objetivos principales, establecer un servicio público menos lento y burocrático, para lo cual, entre otras medidas, se han adaptado ciertos modelos administrativos propios del sistema empresarial; además, se ha tratado de flexibilizar y hacer más rápidos los procedimientos y las funciones que se realizan dentro del sector público, adoptándose una filosofía a través de la cual se ha pretendido entregar un servicio de mayor calidad a los usuarios.
Asimismo, en los últimos diez años, se han “importado” distintos enfoques así como experiencias de modernización del Estado de países como Nueva Zelanda, que han tenido como objetivos principales modernizar el funcionamiento interno de la administración pública.En este mismo sentido, durante el Gobierno de Ricardo Lagos se propuso un ambicioso plan de modernización el aparato estatal que se propone mejorar la gestión de los servicios públicos, así como darles una mayor flexibilidad, estableciendo la tecnología -específicamente Internet- como la herramienta a través de la cual se pretende avanzar en una mayor agilidad de los trámites administrativos, entregando un servicio de mayor calidad, mejorando así en términos de probidad y transparencia dentro del sector público.
A pesar de estos esfuerzos, es indudable que la ciudadanía ha seguido observando al Estado como un ente que no se ha adaptado con suficiente celeridad a las profundas transformaciones que ha experimentado nuestra sociedad: a pesar de los cambios implementados no existiría una real capacidad para interpretar las necesidades de las personas y entregar un servicio de real calidad.
Muchos aún consideran al Estado como un ente burocrático e ineficiente, más aún al contrastarlo con el dinamismo con que se ha desarrollado el sector privado en las últimas décadas. Todos estos factores han provocado que exista una cada vez mayor desconfianza de parte de los ciudadanos hacia las instituciones que conforman el Estado.Recogiendo todo lo anterior, debemos en primer lugar cuestionarnos si efectivamente estamos en la presencia de un Estado que se ha modernizado, o, por el contrario, sigue realizando tareas que no le corresponden, en forma centralizada, lenta y burocrática y en las que no existe una real disposición de entregar mayores espacios de decisión a los ciudadanos.
Debemos también reflexionar sobre el tamaño y estructura de nuestras instituciones públicas, así como sobre si las funciones que aquéllas realizan son en primer lugar necesariamente sinónimo de una mejor gestión y si estas reformas realmente se hallan apuntadas a interpretar las actuales necesidades de los ciudadanos que demandan, por una parte, una mayor cercanía y eficiencia de parte del Estado en la resolución de sus demandas, a través de un servicio de excelencia, y, por otro lado, una mayor participación en la definición y resolución de los asuntos públicos.
Esto nos lleva a preguntarnos si más que implementar reformas administrativas que aspiren a mejorar las estructuras administrativas relacionadas con el gobierno y las organizaciones públicas, proceso que muchas veces demanda la inversión de una gran cantidad de recursos administrativos, financieros y humanos y que en muchas oportunidades no provoca resultados efectivos en un largo plazo.
Debamos plantear si ya no es hora de propender a una real reforma del Estado que recoja las profundas transformaciones que ha experimentado nuestro país, de forma tal que la democracia y la practica de los valores democráticos se afinquen en la comunidad, potenciando al máximo la participación ciudadana, y su inclusión en los asuntos públicos.
Si efectivamente deseamos alcanzar el ideal de vivir al interior de una sociedad desarrollada económicamente -sin el flagelo de la pobreza- y efectivamente participativa, es fundamental que el Estado reformule profundamente sus objetivos y funciones. Para ello es indispensable que se tenga en cuenta los siguientes principios:
En primer lugar se debe dar una real importancia y un efectivo impulso al tema de la descentralización del Estado y de su administración pública, propendiendo a un acercamiento de su acción y de sus decisiones a las regiones. En este sentido, es imprescindible otorgar una mayor importancia al papel de los Gobiernos Locales, tanto en la administración de sus recursos administrativos, humanos y financieros, así como en la participación que les cabe en la implementación de políticas públicas que vayan en su directo beneficio.
En este mismo sentido, se debe reforzar el papel de las Municipalidades, avanzando en una normativa que permita convertirlas en las verdaderas articuladoras de las necesidades locales, otorgándoles espacios que les permitan promover la participación ciudadana en la gestión de aquellos proyectos que vayan en directo progreso de la propia comunidad organizada.
En segundo lugar, se debe entregar un mayor protagonismo al ciudadano en la construcción e implementación de soluciones que vayan en directo beneficio de sus necesidades. Para eso, se debe reforzar y ampliar el uso de la tecnología, no sólo como un instrumento que permita generar mayor rapidez en los procedimientos que se realizan en el ámbito estatal, sino que debe convertirse en una palanca efectiva de servicio a la comunidad.
En un mundo cada vez mas globalizado y competitivo, se hace imprescindible incentivar a los ciudadanos para que sean partícipes y no espectadores, para que sean capaces de generar por ellos mismos soluciones acordes a su propia realidad, y para que sean fiscalizadores de las políticas públicas. Conjuntamente, se debe continuar dando cada vez una mayor importancia a los Cuerpos Intermedios que componen la sociedad, convirtiéndolos en verdaderos protagonistas y receptores de las demandas de la ciudadanía.
Un tercer principio es la necesidad de tender a un aparato estatal y a una administración pública en los que se valoren los resultados y no los procesos, en los que exista de parte de sus funcionarios una alta voluntad y motivación de servicio. Para lograrlo, es decisivo generar incentivos, y avanzar en una real profesionalización en el ingreso y los ascensos dentro de la estructura de la administración del Estado, evitando discriminaciones de índole política. Como el Estado ha sido efectivamente un instrumento para pagar favores partidistas, se debe llegar a una verdadera “meritocracia”, en la que se premie a los mejores y se sancione a quienes no alcancen los resultados esperados.
En cuarto lugar, está la valoración que el Estado debe dar a la capacidad emprendedora y creativa del sector privado, tanto como fuente creadora de riqueza, así como eje del desarrollo económico y social del país.
De ahí que se hace imprescindible que el gobierno reinicie el proceso de privatizaciones del resto de las empresas estatales, proceso que se halla hoy estancado debido en gran parte a la desconfianza que aún subsiste respecto de los empresarios a nivel gubernamental y a la mantención de una absurda confianza en el rol empresarial que aún muchos asignan al Estado. Eso lleva a descartar la consideración de las altas utilidades que podrían reportarle al Estado las ventas de empresas públicas como CODELCO, las que podrían ser invertidas en programas sociales destinados al combate de la pobreza o a la creación de fuentes de empleo.
Recogiendo estas propuestas debemos finalmente preguntarnos si en las esferas de gobierno se tiene conciencia de la necesidad de contar con un Estado y una administración pública que responda a estos principios o si aún en muchos de sus personeros subsiste un rechazo al actual esquema político y económico y una mentalidad estatista que todavía sueña con un Estado intervencionista y sobredimensionado, que actúe como la única instancia de resolución de los problemas y necesidades de la gente.
Sólo con la convicción de un aparato público reducido, eficiente, flexible, abierto a los cambios y enmarcado en la búsqueda de resultados, se podrá lograr una sociedad realmente libre, en la que el Estado adopte un rol subsidiario que permita la existencia de un sector privado fuerte y de ciudadanos participativos y conscientes de sus derechos y responsabilidades dentro una sociedad moderna.
GONZALO LUNA NEGRETE.
Administrador Público de la Universidad de Chile
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