La década de los noventa fue testigo, junto con la caída de los socialismos reales y los procesos de redemocratización en América Latina, Asia y África, de como la mayor parte de las economías mundiales implementaban un amplio programa de reformas económicas de libre mercado, lo cual fue aparejado con la expansión y valorización de la democracia como eje articulador de la mayor parte de sus sistemas políticos.
Este proceso estuvo íntimamente vinculado a la vertiginosa evolución experimentada por las comunicaciones y las tecnologías de información particularmente la de Internet, lo cual redundo en un proceso de globalización económica y social, la cual ha transformado radicalmente la forma en que las sociedades se relacionan e interactúan entre sí. Estos procesos han influido además en campos tan distintos como la política la economía y en la masificación de modos de comportamiento de sus integrantes.
Estas nuevas realidades impulsaron a la mayoría de los gobiernos a revisar el papel que sus Estados debían jugar dentro de este nuevo escenario así como la forma en que estos se vinculaban con sus ciudadanos y la real capacidad de estos en poder interpretar las cada vez más complejas necesidades y demandas de los ciudadanos, todo en el marco de una sociedad democrática.
Nuestro país no ha sido ajeno al proceso de discusión en torno a la estructura y el funcionamiento que debe poseer un Estado moderno. Ya esta se había iniciado con el profundo proceso de reformas económicas y sociales que Chile experimento a partir de mediados de la década del setenta, en donde el Estado Chileno que a lo largo del Siglo XX había jugado un rol central en el desarrollo económico, así como en la provisión de servicios de salud, educación y bienestar social, sufre profundas transformaciones al amparo de la implementación de un sistema económico basado en la libre competencia y la libertad individual, lo cual impulsaría una política de fomento y diversificación de las exportaciones, de reducción drástica de las barreras arancelarias, fomento de la inversión extranjera, junto con la creación de un sistema privado de salud y de pensiones.
En el ámbito de la estructura de la Administración pública, se procedió a una reducción y a una rigurosa política de control del gasto público, así como a un sostenido plan de privatizaciones de empresas públicas, lo que permitió liberalizar entre otros al sector eléctrico y al de las telecomunicaciones, abriéndolos a la competencia y haciendo más eficiente su gestión.
Con el advenimiento en 1990 de los gobiernos de la Concertación, se adoptó un paquete de reformas que tuvo como objetivos principales establecer un servicio público menos burocrático, para lo cual, entre otras medidas, se adaptaron modelos administrativos propios del sistema empresarial, se flexibilizaron e hicieron más rápidos de sus procedimientos, adoptándose junto con ello una filosofía a través de la cual se pretendió entregar un servicio de mayor calidad a los usuarios.
Asimismo, en los últimos diez años, se “importaron” distintos enfoques así como experiencias de modernización del Estado de países como Nueva Zelanda, que han tenido como objetivos principales actualizar los procesos de funcionamiento interno de la administración pública.
En este mismo sentido el Gobierno del Presidente Lagos inicio la puesta en marcha de un ambicioso plan de modernización del aparato estatal, el cual se propuso que se propone mejorar la gestión de los servicios públicos, así como darles una mayor flexibilidad, estableciendo la tecnología, específicamente Internet, como la herramienta a través de la cual se pretendió avanzar en una mayor agilidad de los trámites administrativos.
Todo el proceso anterior tuvo su corolario con la firma en Enero de 2003, de los Acuerdos Político-Legislativos para la Modernización del Estado, la Transparencia y la Promoción del Crecimiento, esto a partir del consenso político alcanzado entre parlamentarios de gobierno y la oposición. Dentro de la llamada “agenda corta” se destacaron la aprobación de la simplificación de procedimientos administrativos, la profesionalización de los funcionarios públicos y la creación de la Dirección Nacional del Servicio Civil, la regulación de compras públicas y el funcionamiento permanente de la comisión especial de presupuesto, entre otros aspectos; así como la voluntad en avanzar en aspectos tales como la modernización de la gestión pública y la descentralización del gobierno interior.
En este sentido, el reciente llamado del Ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, tendiente a hacer esfuerzos conjuntos tendientes a superar la ineficiencia de la gestión del Estado y a hacer una gran "revolución" del aparato estatal, no es mas que el último eslabón de una serie de intentos por reformar las instituciones de lo “público” y hacer con ello mas ágil y eficiente su gestión.
El desgaste de la “marca” Estado.
Sin embargo a pesar de este y todos los esfuerzos que han sido emprendidos desde hace mas tres décadas, es innegable que la ciudadanía a continuado observando al Estado como un ente que no se ha adaptado con suficiente celeridad a las profundas transformaciones que ha experimentado la sociedad.
A pesar de los cambios implementados, estos continuando viendo en el aparato público una falta de capacidad y de voluntad para interpretar sus necesidades y generar un servicio de real calidad.
Todos estos factores han provocado que exista una cada vez mayor desconfianza de parte de los ciudadanos hacia sus instituciones y en algunos casos mas extremos, hacia el sistema democrático en general.
En pocas palabras la “marca Estado”, que era altamente valorada por nuestros padres y abuelos sé a convertido en sinónimo de ineficiencia, burocracia y favoritismo.
¿ Que factores han contribuido a mantener esta situación?: En primer lugar debemos preguntarnos si efectivamente al hablar de modernización del Estado, estamos hablando todos de lo mismo, o si por el contrario estamos ante un conjunto de visiones y proposiciones disímiles por parte de los distintos agentes políticos encargados de emprender estas reformas.
Lo anterior hace imprescindible que todos los actores logren los mayores grados de consenso posible en torno al tamaño y estructura de nuestras instituciones públicas, así como sobre las funciones que estas deben realizar y cuanta mas participación se esta dispuesta a entregar a los ciudadanos en la resolución de los asuntos.
Sin este primer paso, cualquier reforma, por muy eficiente y técnicamente bien diseñada que este, no será mas que un gasto inútil de recursos y energía.
En segundo lugar, y como eje principal de este articulo, debemos preguntarnos si no ha existido un excesivo celo en la implementación de reformas tendientes a mejorar las estructuras administrativas relacionadas con el funcionamiento de las organizaciones públicas, proceso que a demandado una enorme inversión de recursos administrativos y financieros, y que a pesar de los esfuerzos no provoca resultados efectivos en un largo plazo.
Esto tiene que ver con un factor que en mi opinión debe ser considerado como clave en todo proceso de reforma de una institución, independiente de cual sea su naturaleza u origen.
Con esto nos referimos a los funcionarios públicos que componen el aparato del Estado, los cuales han sido un estamento que o bien ha sido subestimado en estos procesos, o bien a sido considerado a priori como un factor que sería incapaz de recoger y asumir los cambios que debe sufrir el Estado en sus objetivos y funciones.
Un conjunto de objetivos a considerar.
¿De que forma puede evitarse entonces que todos los procesos de reformas emprendidos con anterioridad así como las propuestas que el actual Gobierno desea emprender, no terminarán cayendo en una saco vacío?.
1) No basta con diseñar reformas, sino con voluntad política para emprenderlas.
Hemos visto en los puntos anteriores A pesar de los innegables avances experimentados al interior del Estado y sus instituciones, sigue existiendo en gran parte de la ciudadanía la visión que subsiste una real falta de voluntad política y un contexto político desfavorable para cualquier intento por transformar de forma efectiva al aparato público y avanza en ámbitos tan relevantes como la transparencia y la profesionalización de sus cuadros.
La lentitud en la incorporación o derechamente la exclusión de algunos servicios al sistema de Alta Dirección Pública (ADP) como la Dirección del Trabajo (DT) y Chiledeportes; la mantención de lo que algunos sectores políticos han denunciado como una verdadera red de operadores políticos que ha capturado al Estado, lo que habría terminado por desvirtuar el acuerdo de 2003, nos deben llevar a la conclusión que una cosa es el necesario consenso y acuerdo que debe existir en torno a un conjunto de políticas públicas que tiendan al cumplimiento de los objetivos dispuestos a contar con un Estado mas eficiente en el cumplimiento de su misión, y otra muy diferente es que esta sean efectiva e integralmente aplicadas por los actores políticos y administrativos responsables.
Las presiones e intereses de los distintos actores y gremios, la falta de voluntad o la mera ineficiencia de los entes destinados a concretar estas políticas, deben ser factores que no deben ser ignorados a la hora de discutir cualquier intento de reforma en este sentido.
2) Una cosa es reformar la estructura del Estado, una cosa muy distinta es cambiar las visiones de su recurso humano, en especial de sus liderazgos.
Cambios y reformas tan importantes como la creación de una Alta Dirección Pública o experiencias como la digitalización de los procesos del SII hablan de que si es posible contar con un Estado acorde a las necesidades de este nuevo siglo.
Sin embargo casos como los ocurridos en Childedeportes o del Registro Civil, nos hablan de la imposibilidad de lograr un proceso de transformación integral del aparato estatal, si no consideramos su recurso humano. Sin un liderazgo altamente capacitado, motivado y con voluntad de generar los cambios diseñados desde los entes políticos, convierte en letra muerta cualquier normativa o reglamento que vaya en esa dirección.
3) Sin funcionarios públicos adecuados es imposible modernizar el aparato público.
Si el liderazgo es clave a la hora de entender cualquier proceso exitoso de cambio al interior de la Administración Pública, el contar con funcionarios competentes en los cargos adecuados
Se hace imprescindible que junto con continuar con el proceso de reforma de las instituciones que conforman el aparato público, se generen programas que vayan en pos del readiestramiento y capacitación de las capacidades del personal que compone la Administración pública.
Generar asimismo el desarrollo de un plan concreto que agilice los incentivos y ascensos dentro del rígido escalafón que compone la administración pública, contribuiría a generar los estímulos necesarios y permitirían una real profesionalización en el ingreso y los ascensos dentro de la estructura de la administración del Estado.
Además existe la necesidad de contar con un personal especializado, debe ya provenir del ámbito universitario, en donde se forman los administradores y expertos en gestión pública. Estos deben ser los actores clave en este proceso ya que la calidad en la formación que estos reciban contribuirá a la innovación y la eficiencia en los procesos administrativos. La construcción de indicadores de calidad que sean compartidos por todas las universidades y centros de estudios responsables de su formación, sería un paso importante en este sentido.
4) Sin un ciudadano empoderado e involucrado no hay reforma efectiva.
Un mayor protagonismo al ciudadano en la construcción e implementación de soluciones que vayan en directo beneficio de sus necesidades se convertiría en un paso fundamental en la agilización del Estado y sus instituciones. La masificación del uso de las herramientas tecnológicas existentes, no sólo como instrumentos de facilitación de los procesos administrativos sino como palancas que les permita proponer ellos mismos soluciones acordes a su propia realidad, y desarrollar herramientas de fiscalización efectiva, llevaría a las demandas de la ciudadanía a una nueva dimensión.
5) La descentralización debe asumirse como una tarea concreta. La importancia de lo local.
Finalmente el proceso de descentralización del Estado y de su administración pública, propendiendo a un acercamiento de su acción y de sus decisiones a las regiones y especialmente a las comunas que forman parte de estas.
En este sentido, es imprescindible otorgar una mayor importancia al papel de los Gobiernos Locales, tanto en la administración de sus recursos administrativos, humanos y financieros, así como en la participación que les cabe en la implementación de políticas públicas que vayan en su directo beneficio convertirlas en las verdaderas articuladoras de las necesidades de las personas.
El importante nivel de ingresos que actualmente disponen los municipios y la diversidad de actividades que estas realizan y que se encuentran relacionadas con el directo bienestar de las personas, hace mas necesario que nunca reforzar y profundizar tanto los espacios de participación de en la gestión de aquellos proyectos que vayan en directo progreso de la propia comunidad organizada.
El conjunto de objetivos anteriormente descritos debe hacernos reflexionar si en los ámbitos y esferas de de gobierno se tiene conciencia de la necesidad de contar con un Estado y una administración pública que responda a estos principios y que expanda los límites de la capacidad y creatividad de sus ciudadanos.
Sólo con un aparato público eficiente, flexible, abierto a los cambios y enmarcado en la búsqueda de resultados, se podrá lograr un Estado que redunde en un Chile mas desarrollado y con una ciudadanía mas participativa y consciente de sus derechos y responsabilidades.
GONZALO LUNA NEGRETE.
Administrador Público.
Magíster en Ciencia Política.
Universidad de Chile
glunancl@yahoo.com
